La vigencia del eje “Justicia, Medios y Sociedad”

 Análisis /// La vigencia del eje “Justicia, Medios y Sociedad”
Martín López Lastra, Licenciado en Comunicación Social, UNLP. (Foto: NOVA)

Por Martín López Lastra (*) especial para NOVA

Los debates sobre la acción de la Justicia en los últimos años han obtenido un lugar prioritario en las agendas más exigentes. Con el aporte de muchos sectores sociales y académicos, se ha venido fortaleciendo una perspectiva de análisis sobre la Justicia y su relación con el entorno social y específicamente con los medios y con los sujetos colectivos que promueven transformaciones en la gestión de este poder.

Hay análisis para todos los gustos. En los últimos años muchas veces el foco se ha puesto en una línea denominada “Justicia, Medios y Sociedad” con la posibilidad de cambiar el último concepto por el de “comunidad”, que pareciera dar un mejor toque de atención y nos acerca más a una idea de los sectores o sujetos colectivos en mutua y constante interacción.

Este eje también nos recupera una idea de redes independientes con dinamismo puertas adentro de cada una de ellas y hacia el amplio espacio social. Fue Pierre Bourdieu quien nos hablaba de “red de relaciones internas” entre sujetos identificados por una circunstancia o actividad específica.

Entendemos al “campo” desde una concepción bourdiana como una “red o una configuración de relaciones objetivas entre posiciones diferenciadas, socialmente definidas y en gran medida independientes de la existencia física de los agentes que las ocupan” (Bourdieu, 1992: 72).

En los primeros dos ejes “Justicia” y “Medios”, pareciera estar más claro su enfoque de interrelación como “campos”.

En cuanto a “Comunidad” tal vez debamos ir hacia el espacio social o un recorte del mismo. Adoptamos a este concepto como herramienta. No abundaremos en importantes aportes que hay como el caso de la comunidad imaginada como Nación (según Benedict Anderson).

Tampoco es nuestro interés sumergirnos en un debate político tan amplio que abarca a la comunidad como “organizada” o “libre” o como conjunto de “fuerzas vivas”. Es decir, de un amplio pluralismo que nos lleva a un concepto donde lo ideológico pesa y mucho en su interpretación.

En este debate irresuelto sobre “comunidad”, preventivamente haremos una referencia a este concepto como un conjunto de sujetos colectivos e individuales relacionados con determinado universo, como territorio jurídico o culturalmente definido o concebido.

Tomamos a la “comunidad” como ámbito de actuación en el cual se puede construir, habilitar o adaptar un contexto de escucha e interacción. Esto se puede dar en forma aislada o complementaria con los medios.

En tal sentido, y para nuestro enfoque, ratificamos entonces la idea de hacer un recorte de la comunidad (en tanto concepto de trabajo) como un universo de “sujetos individuales o colectivos que demandan” ante un escenario “judicial” de disputa por la distribución de premios y castigos.

Entre los sujetos colectivos que demandan, tenemos, de acuerdo a un humilde análisis y parecer, a los sujetos que se constituyen como parte en un caso o “caso en sí” (sujetos y su entorno en calidad de víctimas y victimarios, por ejemplo).

Y también aquellos que, por una postura o marco social que enarbolan históricamente apuntalan, desde el espacio social, el reclamo de una parte en el caso (sujetos temáticos o de interés colectivo). Es decir, apoyan el debate desde la trascendencia del caso en sí.

Dicho esto, tenemos a la Justicia que no sólo administra premios y castigos, sino que se autogobierna y administra a través de mecanismos llamados de “superintendencia”.

Por su parte, los Medios han percibido en los conflictos judiciales un valioso yacimiento de noticias, con gran despliegue y alta perdurabilidad (en el caso del fuero penal, desde la etapa de instrucción hasta una sentencia de última instancia, transcurren muchos años con potenciales cambios de suerte)

Para volver sobre el asunto convocante, nos volvemos a interrogar sobre si el eje “Justicia-Medios-Comunidad” ha sido un slogan de algún académico ávido de reflejos para promover una convocatoria o existe alguna amalgama o coherencia.

La respuesta parece haber caído en la seducción de lo afirmativo. Da la impresión que hay un elemento en común para estos tres mundos demarcados y es su capacidad de generar agenda. La “agenda” un concepto aflorado desde la teoría política y desde la comunicación, pareció fortalecerse en los últimos años.

Es mezquino hacer una alusión breve en medio de tantos debates sobre construcción o establecimiento de agenda en los medios. Pero para no caer en ramificaciones extensas nos inclinamos por señalar a la agenda como “aquella problemática pendiente” que tanto un poder, los medios o la comunidad exponen para una resolución prioritaria y contundente.

Por eso es que se habla de la generación de la “agenda política”, “mediática” o “pública” que bien puede pensarse para nuestro eje convocante “Justicia – Medios – Comunidad”.

Otro interrogante entra a escena y es el de pensar al eje “Justicia y Comunidad” como sustentable, es decir, que pueda por sí sólo generar acciones justificadas en favor de ambos sectores. Y cuando hablamos de “sustentable” es no sólo a partir de lo jurisdiccional (mundo de las causas), sino en función de mejorar la imagen y comprensión de ambos mundos entre sí.

La respuesta pareciera ser también afirmativa. El hecho de que la comunidad, a partir de sus organizaciones, se permita conocer problemáticas, limitaciones y potencialidades del mundo judicial, pareciera ser saludable. Así lo han visto, por caso, puertas adentro del mundo jurídico, personalidades emblemáticas como el presidente de la Corte Suprema Nacional, Ricardo Lorenzetti y en encuentros tales como la Conferencia Nacional de Jueces.

En ese sentido resaltaron la necesidad de transparentar decisiones cuando los debates que generan las causas trasciendan a un expediente determinado. Ese sería una importante convocatoria a la participación de la comunidad, como destinataria de información institucional.

Hay experiencias que parecen ir hacia una mayor participación de la comunidad. En muchas provincias, con mayor o menor amplitud, se prevé la intervención comunitaria para opiniones vinculantes o no vinculantes en designaciones de magistrados.

En Buenos Aires existe el decreto de autolimitación del Poder Ejecutivo para nombramiento de algunos magistrados y la convocatoria a una opinión abierta sobre esta temática.

En Chubut hay “representantes populares” en el Consejo de la Magistratura y la comunidad directamente elige a los jueces de paz. En su equivalente a nivel nacional existió con cierta rutina un sistema de audiencias de consulta desde la comunidad.

Asimismo es válido destacar el accionar del grupo “Justicia 2020” que, a través de distintas entidades sugiere reformas a la Justicia, pero lo hace a través del ministerio nacional respectivo.

También es reconfortante ver distintos ámbitos “mixtos” adonde jueces con una mentalidad contrastiva con la visión jurídica tradicional deciden participar junto con referentes comunitarios para exponer, en lenguaje llano, sus visiones acerca de su responsabilidad jurisdiccional, pero también como alguien que decide dar explicaciones más allá de su obligación formal que es la de hacerlo por escrito y ante los justiciables.

A través de una relación “Justicia y Comunidad” más directa habría mayor fluidez, con una generación más mediata y menos tensa de una agenda temática. El Poder Judicial y el Ministerio Público podrían aprovechar mejor un derecho a la respuesta que a veces es limitado desde la agenda mediática.

Lo mismo vale para sujetos colectivos integrantes de la comunidad que configurarían no sólo un privilegiado contexto de escucha, sino en válidos interlocutores para expresar con mayor profundidad sus inquietudes, dudas y temores.

Tanto en casos paradigmáticos, como así también en problemáticas de contexto tales como acceso a la justicia, publicidad, cuestiones edilicias y distintos tipos de trámites.

Tras el somero análisis de esta relación directa, valido es reincorporar el elemento faltante “Medios”. Se trata de una pieza importante que el propio mundo jurídico empezó a reconocer, incluso en su propia codificación y legislación. Porque se habla de “publicidad”, pero también de medios de comunicación como un canal importante para dar a conocer acciones judiciales.

Así ha ocurrido con el Código Procesal Bonaerense o con Acordadas Específicas de la Corte de Nación. También se han promovido desde la Justicia paneles temáticos para analizar y mejorar la relación con los medios. Esto fue cristalizado no sólo en la Conferencia Nacional de Jueces de 2006, sino en creación de agencias de noticias específicas.

Lo cierto es que el mayor desarrollo informativo impacta en el entorno de intervención de la propia Justicia, es decir hacia una comunidad que procesa y devuelve una agenda pletórica de debates amplificados sobre lo jurisdiccional.

Los medios cumplen así con una función política alternativa válida, la de promover debates y la de generar participación comunitaria de sectores que, de otra manera, estarían relegados. Esto, lejos de ser rechazado, debería ser valorado, porque enriquece la posterior toma de decisiones en los distintos niveles de gobierno.

Por eso, el intercambio generado a través de eje propuesto, tanto en su versión amplia (Justicia-Medios-Comunidad), como en la limitada (Justicia-Comunidad) debe ser alentado. Pero también deberá contemplar amplitud, responsabilidad y honestidad en las bases de sustentación en que se haga la convocatoria a estos debates y a este tipo de relaciones así promovidas.

(*) Licenciado en Comunicación Social, UNLP.

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