La vigencia del eje “Justicia, Medios y Sociedad”

 Análisis /// La vigencia del eje “Justicia, Medios y Sociedad”
Martín López Lastra, Licenciado en Comunicación Social, UNLP. (Foto: NOVA)

Por Martín López Lastra (*) especial para NOVA

Los debates sobre la acción de la Justicia en los últimos años han obtenido un lugar prioritario en las agendas más exigentes. Con el aporte de muchos sectores sociales y académicos, se ha venido fortaleciendo una perspectiva de análisis sobre la Justicia y su relación con el entorno social y específicamente con los medios y con los sujetos colectivos que promueven transformaciones en la gestión de este poder.

Hay análisis para todos los gustos. En los últimos años muchas veces el foco se ha puesto en una línea denominada “Justicia, Medios y Sociedad” con la posibilidad de cambiar el último concepto por el de “comunidad”, que pareciera dar un mejor toque de atención y nos acerca más a una idea de los sectores o sujetos colectivos en mutua y constante interacción.

Este eje también nos recupera una idea de redes independientes con dinamismo puertas adentro de cada una de ellas y hacia el amplio espacio social. Fue Pierre Bourdieu quien nos hablaba de “red de relaciones internas” entre sujetos identificados por una circunstancia o actividad específica.

Entendemos al “campo” desde una concepción bourdiana como una “red o una configuración de relaciones objetivas entre posiciones diferenciadas, socialmente definidas y en gran medida independientes de la existencia física de los agentes que las ocupan” (Bourdieu, 1992: 72).

En los primeros dos ejes “Justicia” y “Medios”, pareciera estar más claro su enfoque de interrelación como “campos”.

En cuanto a “Comunidad” tal vez debamos ir hacia el espacio social o un recorte del mismo. Adoptamos a este concepto como herramienta. No abundaremos en importantes aportes que hay como el caso de la comunidad imaginada como Nación (según Benedict Anderson).

Tampoco es nuestro interés sumergirnos en un debate político tan amplio que abarca a la comunidad como “organizada” o “libre” o como conjunto de “fuerzas vivas”. Es decir, de un amplio pluralismo que nos lleva a un concepto donde lo ideológico pesa y mucho en su interpretación.

En este debate irresuelto sobre “comunidad”, preventivamente haremos una referencia a este concepto como un conjunto de sujetos colectivos e individuales relacionados con determinado universo, como territorio jurídico o culturalmente definido o concebido.

Tomamos a la “comunidad” como ámbito de actuación en el cual se puede construir, habilitar o adaptar un contexto de escucha e interacción. Esto se puede dar en forma aislada o complementaria con los medios.

En tal sentido, y para nuestro enfoque, ratificamos entonces la idea de hacer un recorte de la comunidad (en tanto concepto de trabajo) como un universo de “sujetos individuales o colectivos que demandan” ante un escenario “judicial” de disputa por la distribución de premios y castigos.

Entre los sujetos colectivos que demandan, tenemos, de acuerdo a un humilde análisis y parecer, a los sujetos que se constituyen como parte en un caso o “caso en sí” (sujetos y su entorno en calidad de víctimas y victimarios, por ejemplo).

Y también aquellos que, por una postura o marco social que enarbolan históricamente apuntalan, desde el espacio social, el reclamo de una parte en el caso (sujetos temáticos o de interés colectivo). Es decir, apoyan el debate desde la trascendencia del caso en sí.

Dicho esto, tenemos a la Justicia que no sólo administra premios y castigos, sino que se autogobierna y administra a través de mecanismos llamados de “superintendencia”.

Por su parte, los Medios han percibido en los conflictos judiciales un valioso yacimiento de noticias, con gran despliegue y alta perdurabilidad (en el caso del fuero penal, desde la etapa de instrucción hasta una sentencia de última instancia, transcurren muchos años con potenciales cambios de suerte)

Para volver sobre el asunto convocante, nos volvemos a interrogar sobre si el eje “Justicia-Medios-Comunidad” ha sido un slogan de algún académico ávido de reflejos para promover una convocatoria o existe alguna amalgama o coherencia.

La respuesta parece haber caído en la seducción de lo afirmativo. Da la impresión que hay un elemento en común para estos tres mundos demarcados y es su capacidad de generar agenda. La “agenda” un concepto aflorado desde la teoría política y desde la comunicación, pareció fortalecerse en los últimos años.

Es mezquino hacer una alusión breve en medio de tantos debates sobre construcción o establecimiento de agenda en los medios. Pero para no caer en ramificaciones extensas nos inclinamos por señalar a la agenda como “aquella problemática pendiente” que tanto un poder, los medios o la comunidad exponen para una resolución prioritaria y contundente.

Por eso es que se habla de la generación de la “agenda política”, “mediática” o “pública” que bien puede pensarse para nuestro eje convocante “Justicia – Medios – Comunidad”.

Otro interrogante entra a escena y es el de pensar al eje “Justicia y Comunidad” como sustentable, es decir, que pueda por sí sólo generar acciones justificadas en favor de ambos sectores. Y cuando hablamos de “sustentable” es no sólo a partir de lo jurisdiccional (mundo de las causas), sino en función de mejorar la imagen y comprensión de ambos mundos entre sí.

La respuesta pareciera ser también afirmativa. El hecho de que la comunidad, a partir de sus organizaciones, se permita conocer problemáticas, limitaciones y potencialidades del mundo judicial, pareciera ser saludable. Así lo han visto, por caso, puertas adentro del mundo jurídico, personalidades emblemáticas como el presidente de la Corte Suprema Nacional, Ricardo Lorenzetti y en encuentros tales como la Conferencia Nacional de Jueces.

En ese sentido resaltaron la necesidad de transparentar decisiones cuando los debates que generan las causas trasciendan a un expediente determinado. Ese sería una importante convocatoria a la participación de la comunidad, como destinataria de información institucional.

Hay experiencias que parecen ir hacia una mayor participación de la comunidad. En muchas provincias, con mayor o menor amplitud, se prevé la intervención comunitaria para opiniones vinculantes o no vinculantes en designaciones de magistrados.

En Buenos Aires existe el decreto de autolimitación del Poder Ejecutivo para nombramiento de algunos magistrados y la convocatoria a una opinión abierta sobre esta temática.

En Chubut hay “representantes populares” en el Consejo de la Magistratura y la comunidad directamente elige a los jueces de paz. En su equivalente a nivel nacional existió con cierta rutina un sistema de audiencias de consulta desde la comunidad.

Asimismo es válido destacar el accionar del grupo “Justicia 2020” que, a través de distintas entidades sugiere reformas a la Justicia, pero lo hace a través del ministerio nacional respectivo.

También es reconfortante ver distintos ámbitos “mixtos” adonde jueces con una mentalidad contrastiva con la visión jurídica tradicional deciden participar junto con referentes comunitarios para exponer, en lenguaje llano, sus visiones acerca de su responsabilidad jurisdiccional, pero también como alguien que decide dar explicaciones más allá de su obligación formal que es la de hacerlo por escrito y ante los justiciables.

A través de una relación “Justicia y Comunidad” más directa habría mayor fluidez, con una generación más mediata y menos tensa de una agenda temática. El Poder Judicial y el Ministerio Público podrían aprovechar mejor un derecho a la respuesta que a veces es limitado desde la agenda mediática.

Lo mismo vale para sujetos colectivos integrantes de la comunidad que configurarían no sólo un privilegiado contexto de escucha, sino en válidos interlocutores para expresar con mayor profundidad sus inquietudes, dudas y temores.

Tanto en casos paradigmáticos, como así también en problemáticas de contexto tales como acceso a la justicia, publicidad, cuestiones edilicias y distintos tipos de trámites.

Tras el somero análisis de esta relación directa, valido es reincorporar el elemento faltante “Medios”. Se trata de una pieza importante que el propio mundo jurídico empezó a reconocer, incluso en su propia codificación y legislación. Porque se habla de “publicidad”, pero también de medios de comunicación como un canal importante para dar a conocer acciones judiciales.

Así ha ocurrido con el Código Procesal Bonaerense o con Acordadas Específicas de la Corte de Nación. También se han promovido desde la Justicia paneles temáticos para analizar y mejorar la relación con los medios. Esto fue cristalizado no sólo en la Conferencia Nacional de Jueces de 2006, sino en creación de agencias de noticias específicas.

Lo cierto es que el mayor desarrollo informativo impacta en el entorno de intervención de la propia Justicia, es decir hacia una comunidad que procesa y devuelve una agenda pletórica de debates amplificados sobre lo jurisdiccional.

Los medios cumplen así con una función política alternativa válida, la de promover debates y la de generar participación comunitaria de sectores que, de otra manera, estarían relegados. Esto, lejos de ser rechazado, debería ser valorado, porque enriquece la posterior toma de decisiones en los distintos niveles de gobierno.

Por eso, el intercambio generado a través de eje propuesto, tanto en su versión amplia (Justicia-Medios-Comunidad), como en la limitada (Justicia-Comunidad) debe ser alentado. Pero también deberá contemplar amplitud, responsabilidad y honestidad en las bases de sustentación en que se haga la convocatoria a estos debates y a este tipo de relaciones así promovidas.

(*) Licenciado en Comunicación Social, UNLP.

Suspendieron a P&G por fraude fiscal y fuga de divisas

AFIP 33f3rbsCapital Federal, (INP – PatriaQueResiste) Fue detectada a Procter & Gamble una millonaria sobrefacturación de importaciones y diferencias entre las DJAI y los destinos de las compras externas por otros USD 19 millones. El análisis fiscal abarcó 2.608 operaciones con maquinas de afeitar, pañales y artículos higiénicos, principalmente.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) suspendió a la multinacional Procter & Gamble por fraude fiscal relacionado a operaciones de importación desde Brasil que eran facturadas a través de una filial radicada en Suiza por USD 138 millones de dólares. De esta manera, la empresa fugó divisas a sus firmas vinculadas en el exterior. La maniobra podría constituir contrabando agravado.

Además, la AFIP detectó una diferencia de 19 millones de dólares entre los valores FOB totales de las Declaraciones Juradas Anticipadas (DJAI) y destinaciones de importación asociadas a la DJAI.

El proceso de análisis se focalizó sobre un total de 2.608 operaciones de las partidas arancelarias navajas y maquinas de afeitar, preparaciones capilares y pañales y demás artículos higiénicos. Estos productos importados que se “sobrefacturaron” corresponderían a la excusa de incluir en el precio “royalties” y demás “gastos intercompanies” de publicidad y administración.

A su vez, la AFIP comprobó que la compañía multinacional reutilizó DJAI para las mismas operaciones.

Al respecto, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, evaluó que “hay que terminar con estas trampas de las empresas globales que implican una planificación fiscal nociva en las operaciones de comercio exterior” y agregó que “las compañías globales no pueden gestionar sus ganancias engañando al Estado, evadiendo impuestos y fugando divisas ya que esta conducta irregular impide el desarrollo de la Nación, privando a sus ciudadanos de recursos para los servicios públicos, salud, educación, justicia, transporte, jubilación y demás inversiones sociales”.

Por estas maniobras, la AFIP suspendió preventivamente la CUIT de P&G y su inscripción en el registro de importadores y exportadores como así también la posibilidad de que la empresa opere en el mercado de cambio de divisas.

Además, Echegaray remitió una nota a la Comisión Nacional de Valores de EE.UU (SEC) a través de la Embajada de los Estados Unidos en el país donde se detallan las irregularidades de la multinacional, cursó un pedido de intercambio de información a Suiza y Brasil e informó al Banco Central de la Argentina de las irregularidades a la Ley Penal Cambiaria detectadas.

“Nuestro objetivo principal es que P&G reintegre al Banco Central las divisas fugadas y que pague las sanciones aduaneras y el impuesto a las ganancias evadido por la manipulación de los precios de transferencia”, destacó el administrador federal.

La multinacional deberá regularizar las operaciones de comercio exterior y cancelar las multas respectivas ante la Aduana, a cargo del Contador Carlos Sánchez; Además deberá pagar el Impuesto a las Ganancias evadido por los ajustes de precios de transferencia a la DGI, a cargo del Contador Rubén Toninelli. Esto independientemente de las acciones judiciales ya iniciadas.

Denuncia Penal

La AFIP presentó dos denuncias en la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº 2, a cargo del Dr. Emilio Guerberoff. La primera la efectuó el 10 de octubre pasado a través del subdirector General de Técnico Legal Aduanera, Rubén Pave y la segunda fue presentada el 15 de octubre a través del subdirector General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, Daniel Santanna.

También AFIP solicitó a la Justicia que impida la salida del país de los directivos de la filial local hasta tanto se resuelva la situación de la multinacional

La multinacional Procter & Gamble

Procter & Gamble es un multinacional de bienes de consumo que se formó en 1837. Según consigna en su propia página web, la firma se encuentra en más de 180 países donde produce y distribuye alrededor de 300 marcas conocidas, como Gillette, Pantene, Duracell, Ariel, Pampers , entre otras.

En su último informe anual consta que P&G genera ventas anuales por USD 83 billones.

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PARAGUAY: FUE ASESINADO OTRO PERIODISTA

Asunción,  (InfoNuevaPrensa – PSI) El Sindicato de Periodistas de Paraguay (SPP) condenó el asesinato del periodista Édgar Fernández Fleitas, segundo comunicador asesinado en el país este año, quien recibió seis disparos cuando estaba en su casa, ubicada en Concepción.

Fernández, de 43 años, conducía el programa llamado `Ciudad de la Furia` en Radio Belén Comunicaciones, donde denunciaba supuestos hechos de corrupción del Poder Judicial en la ciudad y la región, según explicó a Efe, Santiago Ortiz, secretario general del SPP.

“El crimen es el segundo en poco más de un mes y está relacionado con las denuncias y críticas que hacía a las autoridades sobre casos de mala gestión de la administración, era abogado y conocía estos asuntos”, expresó Ortiz.

El otro periodista asesinado fue Fausto Gabriel Alcaraz, conocido por sus denuncias contra el narcotráfico, quien murió el último 16 de mayo cuando dos desconocidos le dispararon en la ciudad de Pedro Juan Caballero, en la frontera con Brasil.

El crimen de Fernández Fleitas “es muy similar” al de Alcaraz ya que recibió los disparos cuando volvía a su casa tras realizar su programa, recordó el dirigente sindical.

En abril de 2013 también fue asesinado, en la misma ciudad, Carlos Manuel Artaza, de 45 años de edad, quien trabajaba para la Secretaría de Prensa del Departamento de Amambay, en el Este de Paraguay.

RECOMPENSAS POR LOS PRÓFUGOS

Buscado Lawless(InfoJus – InfoNuevaPrensa Lucio Pedro Aberastain Ponte Editor) El Ministerio de Justicia de la Nación, ofrece recompensas para quienes puedan ofrecer datos, y para ello deben comunicarse con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia (BUSCAR). Una de las recompensas más altas es de 500 mil pesos para localizar a los represores Alejandro Lawless y Marcelo Courtaux.

También se ofrece la misma suma por datos de Angel Ervino Spada, en una causa en la que este año se desarrolló el juicio y no se lo pudo juzgar. En tanto, se ofrecen recompensas para aquellas personas que brinden datos que permitan las detenciones de Ernesto Guillermo Luchini, Guillermo Mario Ocampo, José Osvaldo Riveiro, Jorge Linares, José Luis Piedra, Vicente Omar Navarro Moyano, Efrén Darío Ferreyra, Héctor Adán Gimenez, Walter Tomás Eichhorn, Marcelo León y Ricardo Aleks. Como también sobre Miguel Angel Britos, y Carlos Alberto Arroyo este último en una causa por privación ilegal de la libertad agravada reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio reiterado agravado, cuyo juicio se realizó el año pasado en Bahía Blanca.

Por otra parte, se ofrece una recompensa para dar con el paradero de Juan Carlos Jones Tamayo, en la causa “Alvarez de Scurta, Dominga”, por cuya desaparición se realizó el año pasado el juicio en Santiago del Estero.

Se ofrecen recompensas para quien aporte datos sobre el paradero de Carlos Gabriel Jesús Isach, y Rubén Eduardo Alcuri, quien era personal civil del Destacamento de Inteligencia Militar 121 de Rosario y con pedido de captura por los crímenes de los militantes peronistas Eduardo Pereyra Rossi y Osvaldo Cambiasso.

Las recompensas alcanzan también a Mario Alfredo Sandoval, reclamado por el juez federal Sergio Torres en la “megacausa ESMA” y César Heriberto Peralta, imputado en la causa “Feced”. Y se buscan datos de Eduardo Alfonso en la causa “Riveros Santiago Omar y otros por privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidio, etc.” y por Miguel Angel García Moreno.

En tanto, siguen siendo buscados los represores Antonio Tuttolomundo y Carlos Gabriel Isach, investigados en causas que tramita el juzgado federal 4 de Rosario. Se ofrece una recompensa por la detención de Carlos Luis Malatto y Jorge Horacio Páez, los dos imputados en la causa “C/Martel, Osvaldo Benito”.

A su vez, se ofrece recompensa para quienes brinden datos de Eduardo Daniel Vic, acusado de delitos en San Juan. Otros 100.000 pesos se ofrecen para dar con los paraderos de Eduardo Rebechi y Juan Carlos Francisco Bossi por la causa caratulada “Guerrieri, Pascual Oscar”.

También son buscados Manuel Alfredo Montenegro por delitos cometidos en la provincia de Misiones y Antonio Arrechea en la causa por la muerte de Guillermo Vargas Aignasse. Finalmente, se ofrece una recompensa de idéntica suma para dar con el paradero de Jorge Luis García en el marco de la causa caratulada “DUPUY, Abel David y otros s/Torturas”.

BERNI EXPUSO SOBRE OPERATIVO ROSARINO ANTE LA OEA

berni rosario 40Capital Federal, (LasBancasyLasBancadas  –  Lucio Pedro Aberastain Ponte Editor) El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, expuso un informe detallado sobre el megaoperativo de fuerzas federales en la ciudad de Rosario. Lo hizo ante funcionarios antinarcóticos de 34 países que asistieron a las sesiones ordinarias de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA, en la capital Washington, Estados Unidos.

“La experiencia argentina genera gran interés en el hemisferio”, declaró Berni al término de su disertación que fue apoyada por un video de dos minutos con el registro inédito de todas las etapas del operativo, desde la planificación hasta los allanamientos y el apoyo aerotransportado.

Berni señaló en la OEA que el objetivo del operativo contra las organizaciones de narcotraficantes instaladas en los suburbios rosarinos fue “completar la tarea de conjuración del crimen y la violencia en zonas urbanas sensibles, recuperar el control del territorio por parte de las autoridades legítimas e imponer el sistema de derechos y garantías vulnerados por el avance de bandas delictivas”.

El funcionario fue invitado especialmente para exponer el caso de Rosario en la mesa de expertos sobre “Ciudades, consumo y tráfico de drogas en pequeñas cantidades: Estrategias de Prevención Integral”.

“Al imponer la presencia de los efectivos del Estado Nacional se promueven las garantías de estabilidad institucionales para avanzar en la recuperación del espacio por parte de las autoridades provinciales”, dijo.

A tal efecto, Berni informó que en febrero se comenzó la tarea de capacitación de un cuerpo de policía de prevención barrial para la fuerza local, inspirado en los cuerpos de la PFA y Gendarmería desplegados en la zona de Plan Cinturón Sur.

“Los operativos están inscriptos en una acción mayor de lucha contra el narco en la ciudad, que se inició en 2012 con la desarticulación de una red de complicidades que incluía a integrantes de la policía provincial, por una parte, y a continuación el desmembramiento de las bandas de los principales abastecedores de cocaína”, sentenció Berni.

En el marco de esta cooperación con el gobierno provincial para conjurar el delito y la violencia que siembran las bandas de narcotraficantes en la periferia de Rosario, el 9 de abril a las 16 horas se llevaron a cabo 67 allanamientos simultáneos ordenados por la justicia federal.

“Las operaciones fueron resultado de una pormenorizada investigación judicial encomendada a los detectives de las instituciones dependientes de la Secretaría de Seguridad”, dijo Berni en respuesta a algunos de los interrogantes que le formularon los diplomáticos.

“La tercera fase de esta estrategia de seguridad es la pacificación de los territorios en los que las bandas de narcos tienen instalados sus “búnkers” para la venta al menudeo de droga y que es la razón de conflictos por el control territorial con un fuerte impacto en la violencia”.

Las acciones diseñadas y coordinadas desde el terreno incluyeron la participación de grupos de elite aerotransportados de las cuatro fuerzas policiales federales, con apoyo de otras divisiones, helicópteros y patrulleros blindados que ingresaron a Rosario de manera encubierta para no ser detectados por los narcos.

Berni describió también el artificio desarrollado por la Secretaría de Seguridad en la ciudad vecina de San Nicolás, a los fines de distraer a los narcos. “Para no ser detectados por el sistema de alerta de los grupos criminales la maniobra de encubrimiento incluyó la ‘puesta en escena’ de un supuesto “Encuentro Nacional de Cambio Climático y Respuesta a Emergencias” organizado por una imaginaria ONG.

PIDEN ENCARTAMIENTO POR “EXTORSIÓN”

videla noble magnetto esCapital Federal, ABRIL 26 2014 (LasBancasyLasBancadas – Lucio Pedro Aberastain Ponte Editor) Así lo solicitaron la Procuraduría de Lesa Humanidad y la Unidad de Asistencia para causas de Derechos Humanos al fiscal a cargo de la causa que investiga la apropiación de la empresa Papel Prensa.

              Pidieron que los empresarios Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y Ernestina Herrera de Noble por presunta “extorsión” y “persecución por motivos raciales”.

              En un escrito entregado al fiscal federal Eduardo Taiano, sus pares de esas dependencias le propusieron pedir las declaraciones indagatorias de todos los imputados por esos cargos, en un listado que incluyó a Juan Gainza Paz y al ex funcionario Raymundo Podestá, según el escrito difundido ayer desde el sitio de internet (www.fiscales.gob.ar) de la Procuración General de la Nación.

              Según los fiscales, las víctimas fueron los miembros del grupo Graiver, ex propietarios de la empresa papelera.

              De acuerdo a un relevamiento hecho en la causa, a cargo del juez federal Julián Ercolini, el titular de Crímenes contra la Humanidad Jorge Auat y los fiscales Guillermo Friele y Alejandro Alagia elaboraron un “proyecto de dictamen” entregado a Taiano.

              Según los fiscales, las víctimas fueron los miembros del grupo Graiver, ex propietarios de la empresa papelera. Para los fiscales, debe pedirse la indagatoria al “director ejecutivo del grupo Clarín, Héctor Magnetto, la directora del diario, Ernestina Herrera de Noble, el ex presidente de La Nación S.A., Bartolomé Luis Mitre, el intermediario, Guillermo Juan Gainza Paz y el ex secretario de Desarrollo Industrial de la dictadura, Raymundo Pío Podestá”.

              Auat, Friele y Alagia atribuyeron a Magnetto, Mitre, Gainza Paz, Podestá y Herrera de Noble “haber participado el 2 de noviembre de 1976 en la sede del diario La Nación en un convenio para transferir acciones, sometido a condiciones extorsivas -mediante intimidación- y en un contexto de persecución política contra la familia Graiver y allegados a sus negocios ordenada por la primera junta de dictadores”.

              “La maniobra tuvo, entre otros fines, obligar al grupo Graiver a vender únicamente a los imputados” la empresa Papel Prensa S.A., “que no podía quedar en manos de las víctimas al haber sido declaradas por los militares enemigos del país”, sostuvieron.

              Para los acusadores, hubo un “desapoderamiento extorsivo” de la empresa del que participaron Magnetto, Mitre y Podestá, los dos primeros como compradores y el tercero como miembro del gobierno militar en el marco de un “plan persecutorio contra la familia Graiver y allegados a sus negocios”.

               Gainza Paz y Herrera de Noble deberían ser indagados como “partícipes de la maniobra: el primero, al haber acercado a los coautores de la extorsión con sus víctimas; y la segunda, al haber otorgado un mandato a Bernardo Sofovich sin el cual no habría podido instrumentar la operación”, sostuvo el equipo de fiscales. “La contribución de los imputados al desapoderamiento de las acciones de la empresa Papel Prensa fue realizada con pleno conocimiento del riesgo de vida que corrían sus legítimos dueños y representantes”, agregaron en el escrito que deberá ser considerado por Taiano, quien como fiscal natural de la causa tendrá la última palabra al respecto.

                En la causa penal comenzó ya una pericia contable para determinar si las acciones de la empresa se transfirieron a precio vil; en tanto Ercolini ordenó una ronda de declaraciones testimoniales.

                Los fiscales aludieron a una reunión el 2 de noviembre de 1976, tras el fallecimiento de David Graiver el 7 de agosto de ese año, convocada por los empresarios de medios y a la que acudieron miembros de la familia y apoderados, como Rafael Ianover.

                Según la acusación, la viuda de Graiver, Lidia Papaleo, “fue intimidada por el imputado Magnetto que le ordenó que firmara para conservar la vida de su hija y la suya también y así suscribió muchos papeles”, según su testimonio.

                 Ianover, a su vez, dijo haber firmado los documentos de venta ante “el temor y el terror que vivía en ese tiempo” a ser secuestrado.

                 “No conoció el contenido de los convenios, el importe, ni las condiciones de la transferencia”, indicaron los fiscales.